Los profesionales, químicos incluidos, llevamos demasiado tiempo sorteando un entramado de requisitos, formularios, plazos, duplicidades y trámites electrónicos fallidos que entorpecen más que facilitan el ejercicio de nuestras funciones. Esta situación, lejos de resolverse, se ha ido agravando al compás de una digitalización que, en muchos casos, ha sido más formal que efectiva.
A la carga habitual que supone el cumplimiento de obligaciones administrativas, se suma una relación empresa-administración obligatoriamente digital, que no siempre cuenta con las infraestructuras adecuadas. Es difícil no caer en la frustración cuando una sede electrónica cae sin previo aviso, cuando desaparecen formularios en mitad de una tramitación por un cambio de organigrama, o cuando un portal gubernamental es tan poco intuitivo que convierte cualquier gestión en una gincana tecnológica.
La reciente caída de la sede electrónica del Gobierno de Canarias no es un hecho aislado, sino el último ejemplo de una larga lista de incidencias que afectan a ciudadanos, empresas, técnicos y gestores. Por eso, desde el Colegio acogemos con esperanza —aunque no sin cautela— la declaración de situación de emergencia tecnológica aprobada recientemente por el Ejecutivo autonómico. Si esta medida sirve realmente para reforzar la atención digital a la ciudadanía, será un paso necesario y, sobre todo, urgente.
Pero no basta con mejorar servidores y licitar contratos tecnológicos. La transformación digital no puede seguir siendo un proceso de arriba abajo que olvida a quienes trabajan a pie de trámite. Las organizaciones sectoriales, los colegios profesionales, las corporaciones de derecho público, tenemos mucho que aportar en el diseño de un sistema más eficiente, ágil y centrado en el usuario. Escucharnos no es un gesto simbólico: es una condición imprescindible para evitar que los errores se sigan repitiendo.
La burocracia no puede seguir siendo el muro invisible que frena el desarrollo económico, la implantación de proyectos estratégicos o el avance de profesiones como la nuestra, comprometidas con el progreso sostenible, la salud pública y la innovación.
La emergencia tecnológica no debe quedarse en un titular. Debe traducirse en soluciones reales y duraderas, pensadas no sólo para el buen funcionamiento de la administración, sino también para la vida de las personas y el trabajo de los profesionales.
Desde el Colegio Oficial de Químicos de Canarias, reiteramos nuestra disposición a colaborar en este proceso. Con propuestas, con diálogo y con la experiencia de quienes conocen, desde hace años, lo que supone enfrentarse a un trámite mal diseñado.
Candelaria Sánchez Galán, decana del Colegio Oficial de Químicos de Canarias.