Ante las informaciones publicadas sobre el derrame registrado en la depuradora de Punta Brava, en Puerto de la Cruz, el Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Canarias considera necesario partir de una cautela: la información disponible todavía no permite establecer con certeza las causas y el alcance del incidente. Según las noticias difundidas, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido, incluida la posibilidad de que el producto haya alcanzado la red de pluviales y, eventualmente, el mar. Estas circunstancias deberán determinarse mediante las inspecciones y los resultados analíticos correspondientes.
Algunas de las informaciones publicadas sitúan el derrame en torno a los mil litros de una disolución de cloruro férrico al 25 %. Se trata de datos comunicados inicialmente, pendientes de su verificación en el marco de la investigación. Si se confirma esta composición, conviene explicar qué función tiene este producto y qué precauciones requiere su manejo.
El cloruro férrico es un reactivo utilizado habitualmente en el tratamiento de aguas. Actúa como coagulante: facilita que partículas muy pequeñas presentes en el agua se agrupen y puedan separarse posteriormente. También se emplea para retirar fósforo de las aguas residuales. Su utilización, con una dosificación y un control adecuados, contribuye al funcionamiento de los procesos de depuración.
Ese uso habitual no significa que un derrame sea inocuo. Sus disoluciones son ácidas y pueden resultar corrosivas, con riesgo de lesiones en la piel y, especialmente, en los ojos. La inhalación de nieblas o aerosoles también puede afectar a las vías respiratorias. La peligrosidad concreta depende de la concentración y de las características del producto comercial, que deben comprobarse en su ficha de datos de seguridad.
Desde el punto de vista ambiental, una liberación no controlada puede alterar el pH del agua y afectar a los organismos acuáticos. La valoración de sus consecuencias requiere conocer la cantidad efectivamente liberada, su concentración, el recorrido seguido y las condiciones del medio receptor. Que el producto esté disuelto en agua no basta para descartar riesgos, del mismo modo que la noticia de un derrame no permite, por sí sola, determinar la existencia o la gravedad de un daño ambiental.
Ante un incidente de estas características, la respuesta debe ajustarse al plan de emergencia de la instalación y a la ficha de seguridad del producto. Entre las prioridades se encuentran delimitar la zona, restringir el acceso, localizar el punto de fuga y detener la salida cuando pueda hacerse con seguridad. La contención debe impedir que el líquido se extienda hacia vías públicas, sumideros, alcantarillado, redes de pluviales o cauces, utilizando barreras y materiales compatibles con la sustancia.
La intervención corresponde a personal formado y equipado con protección química adecuada: guantes, ropa y calzado resistentes, protección ocular y facial frente a salpicaduras y, cuando la evaluación del riesgo lo requiera, protección respiratoria. El producto recogido y los materiales contaminados deben gestionarse adecuadamente. Las aguas de limpieza también deben controlarse para evitar que arrastren la contaminación hacia los desagües o el entorno.
En el caso de Punta Brava, el Colegio considera especialmente relevante comprobar el recorrido del líquido, la eficacia de los sistemas de contención y la posible afección fuera de las instalaciones. Si existen indicios de salida al exterior, la evaluación debería incluir inspecciones y un muestreo dirigido en los puntos potencialmente afectados, con parámetros como el pH y el contenido de hierro, entre otros que determine el equipo técnico.
Asimismo, esclarecer el origen exige revisar el elemento en el que se produjo la fuga, los registros de operación y mantenimiento y la secuencia de actuaciones. Sin esos elementos no procede anticipar conclusiones sobre la causa ni sobre las responsabilidades.
El Colegio de Químicos de Canarias subraya la importancia de que la ciudadanía reciba información clara y actualizada, diferenciando los hechos comprobados de las hipótesis pendientes de investigación. El conocimiento químico resulta esencial para evaluar estos incidentes, orientar la respuesta y establecer medidas de prevención que protejan a las personas y al medio ambiente.