El Colegio Oficial de Químicos de Canarias mantuvo una reunión de trabajo con la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias, en la que participaron Ana Zurita Exposito, directora general, y Vicente Fernández Oliva, jefe de servicio de Seguridad Industrial.
Por parte de los colegios profesionales asistieron Iñigo Jaudenes, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Químicos de Canarias, y Esteban Muñoz, decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática.
Durante el encuentro se abordó el ejercicio de las profesiones colegiadas en el ámbito autonómico. En este sentido, el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática subrayó que, en Canarias, el ejercicio de las actividades propias de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática requiere la previa incorporación al Colegio Profesional, conforme al marco normativo vigente, y que sus atribuciones están delimitadas por lo que las administraciones deben tenerlo en cuenta a la hora de contrataciones tanto de personal como de servicios.
Por su parte, desde el Colegio Oficial de Químicos de Canarias se trasladó, además del persistente atasco burocrático en determinados procedimientos administrativos, la preocupación por la situación de la relación electrónica con la Administración. En particular, se puso de manifiesto que, pese a la declaración de emergencia tecnológica orientada a reforzar la atención a la ciudadanía —y, por extensión, a los profesionales obligados a comunicarse electrónicamente con la Administración—, no se aprecia una materialización efectiva en términos de simplificación administrativa, adecuación de herramientas digitales, accesibilidad y usabilidad, manteniéndose además interrupciones frecuentes en los sistemas.
La reunión permitió compartir diagnósticos y plantear líneas de mejora. En este sentido, la directora general, Ana Zurita, señaló que se está trabajando de forma coordinada con el área de Transformación Digital en la mejora del ejercicio de los profesionales, así como en abrir y reforzar espacios estables de interlocución entre los colegios profesionales y la Administración autonómica, con el objetivo de avanzar hacia una relación más eficiente, accesible y adaptada a las necesidades reales del ejercicio profesional.