DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 59.- Principios generales.

1. Los colegiados incurrirán en responsabilidad disciplinaria en los supuestos y circunstancias establecidos en estos Estatutos.

2. El régimen disciplinario establecido en estos Estatutos se entiende sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier otro orden en que los colegiados hayan podido incurrir.

3. No podrán imponerse sanciones disciplinarias, sino en virtud de expediente instruido al efecto, con arreglo al procedimiento establecido en el presente capítulo.

4. La potestad sancionadora corresponde a las Juntas Directivas. No obstante, el enjuiciamiento y sanción de las faltas cometidas por los miembros de dichas Juntas Directivas será competencia del Consejo General en el supuesto de que no exista Consejo Autonómico de Colegios.

5. Los acuerdos sancionadores serán ejecutivos en cuanto se agote la vía corporativa.

6. Los Colegios darán cuenta inmediata al Consejo General de todas las sanciones que impongan que lleven aparejada la suspensión en el ejercicio profesional con remisión de un extracto del expediente. El Consejo General llevará un registro de sanciones de ámbito estatal en el que se recogerán todas las que se impongan por los Colegios Oficiales, tanto a los colegiados personas físicas, como a las sociedades profesionales. Tales sanciones, además, se anotarán en el expediente personal del colegiado sancionado, o en su caso, en la hoja abierta a la Sociedad Profesional en el Registro de Sociedades Profesionales.

7. Las sanciones impuestas, en su caso, por el Colegio en la que se ejerza la actividad profesional, surtirán efecto en todo el territorio español.

Artículo 60.- Faltas disciplinarias.

Las faltas disciplinarias se clasificarán en leves, graves y muy graves.

1. Es falta leve: la desatención respecto a las requisitorias o peticiones de informes solicitadas por el Colegio.

2. Son faltas graves:

a) La indisciplina deliberadamente rebelde frente a los órganos de gobierno colegiales y, en general, la falta grave del respeto debido a aquellos.

b) Los actos y omisiones que atenten a la dignidad, prestigio y honorabilidad de la profesión, o sean contrarios al respeto debido a los colegiados.

c) La emisión de informes o expedición de certificados con falta a la verdad.

3. Son faltas muy graves:

a) Cualquier conducta constitutiva de delito doloso en materia profesional.

b) El atentado contra la dignidad de las personas con ocasión del ejercicio profesional.

c) El incumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 46 de estos Estatutos, o el incumplimiento de las normas del Código Deontológico. En todo caso, antes de imponerse cualquier sanción, será oída la Comisión Deontológica.

Artículo 61.- Sanciones disciplinarias.

1. Por razón de las faltas a que se refiere el artículo precedente, podrán imponerse las siguientes sanciones:

a) Amonestación privada.

b) Apercibimiento por oficio.

c) Multa pecuniaria, no superior a tres cuotas anuales.

d) Suspensión temporal del ejercicio profesional.

e) Expulsión del Colegio.

2. Las faltas leves se sancionarán con la amonestación privada o multa pecuniaria.

3. Las faltas graves se sancionarán con multa pecuniaria y la suspensión del ejercicio profesional por tiempo inferior a un año.

4. Las faltas muy graves se sancionarán con la suspensión del ejercicio profesional por tiempo superior a un año e inferior a dos.

5. La sanción de expulsión del Colegio solamente podrá imponerse por la reiteración de faltas muy graves, y el acuerdo que determine su imposición deberá ser adoptado por la Junta Directiva, con la asistencia de las dos terceras partes de los miembros correspondientes de la misma y la conformidad de la mitad más uno de quienes la integran.

Dicha sanción llevará aneja la inhabilitación para incorporarse a cualquier otro Colegio mientras no se obtenga la rehabilitación.

6. Para la imposición de sanciones, el Colegio deberá graduar la responsabilidad del inculpado en relación con la naturaleza de la infracción cometida, la trascendencia de esta, su reiteración y demás circunstancias modificativas de la responsabilidad, teniendo potestad para imponer la sanción adecuada, si fuera más de una la que se establezca para cada tipo de faltas.

7. Cuando las faltas sean cometidas por una sociedad profesional, se podrán imponer las siguientes sanciones:

a) Por la comisión de faltas leves: la sanción de multa de hasta tres mil euros.

b) Por la comisión de faltas graves: las sanciones de multa desde tres mil y un euros hasta diez mil euros o baja temporal en el Registro de Sociedades Profesionales con suspensión en el ejercicio profesional hasta seis meses.

c) Por la comisión de faltas muy graves: las sanciones de multa desde diez mil uno a sesenta mil euros, baja temporal en el Registro de Sociedades Profesionales con suspensión en el ejercicio profesional por plazo de seis meses a dos años, o baja definitiva del Registro de Sociedades Profesionales con prohibición indefinida de ejercicio profesional.

8. El Consejo y el Colegio atenderán las solicitudes de información sobre las sanciones firmes impuestas a sus Colegiados o sociedades profesionales.

9. El Consejo y los Colegios presentarán de forma agregada y estadística la información referente a las quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre su tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación en la Memoria Anual, respetando la legislación en materia de protección de datos.

Artículo 62.- Extinción de la responsabilidad disciplinaria.

1. La responsabilidad disciplinaria se extinguirá:

a) Por muerte del inculpado.

b) Por cumplimiento de la sanción.

c) Por prescripción de las faltas.

d) Por prescripción de las sanciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. Las anotaciones de sanciones serán canceladas definitivamente, una vez cumplida la sanción, siempre que los colegiados observen buena conducta después de transcurridos: tres meses para las leves, dos años para las graves, y cinco años para las muy graves.

3. Las faltas prescriben a los dos meses de su comisión sin haberse iniciado la incoación del oportuno expediente si se tratara de leves, a los seis meses si fueran graves y al año si se tratara de faltas muy graves, salvo las que constituyan delito, en cuyo caso tendrán el mismo plazo de prescripción que este.

Artículo 63.- Procedimiento.

1. El procedimiento se iniciará de oficio, mediante acuerdo del órgano competente.

2. No obstante, la Junta Directiva del Colegio, al tener conocimiento de una supuesta infracción, podrá decidir la instrucción de una información reservada antes de acordar la incoación de expediente.

3. Acordado el procedimiento, la Junta Directiva podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existieran elementos de juicio suficientes para ello. No se podrán tomar medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables a los interesados, o que impliquen la violación de derechos amparados por las leyes.

4. La Junta Directiva, al acordar la incoación del expediente, designará, de entre uno de sus miembros o de sus colegiados, al órgano instructor y al secretario. El designado deberá tener mayor antigüedad en el ejercicio profesional que el expedientado o, en su defecto, al menos, diez años de colegiación. Desempeñarán obligatoriamente sus funciones, a menos que tuvieran motivos de abstención o que la recusación promovida por el expedientado fuere aceptada por la Junta Directiva. Esta podrá delegar en el órgano instructor el nombramiento de secretario para nombrarlo entre los colegiados.

5. Las causas de abstención o recusación serán las establecidas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

6. Los nombramientos del órgano instructor y del secretario serán comunicados al expedientado, que podrá hacer uso del derecho de recusación dentro del plazo de ocho días hábiles del recibo de la notificación.

7. El expedientado podrá nombrar a un colegiado para que actúe de defensor u hombre bueno, disponiendo de diez días hábiles, a partir del recibo de la notificación, para comunicar a la Junta Directiva el citado nombramiento y acreditar documentalmente la aceptación de la persona designada. El defensor asistirá a todas las diligencias propuestas por el órgano instructor y podrá proponer la práctica de otras en nombre de su defendido.

Asimismo, el expedientado podrá acudir asistido de letrado.

8. Compete al órgano instructor disponer la aportación de los antecedentes que estime necesarios y ordenar la práctica de cuantas pruebas y actuaciones conduzcan al esclarecimiento de los hechos o a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción.

9. Además de las declaraciones que preste el inculpado, el órgano instructor le pasará en forma escrita un pliego de cargos, en el que reseñará con precisión y claridad los hechos imputados susceptibles de integrar la falta sancionable que contra él aparezca; la falta o faltas tipificadas supuestamente cometidas, las sanciones que se pudieran imponer y la identidad del órgano con competencia para ello, concediéndole un plazo improrrogable, salvo causa justificada, de ocho días hábiles, a partir de la notificación, para que lo conteste y proponga la prueba o pruebas que estime a su derecho. Contestado el pliego de cargos, o transcurrido el referido plazo de ocho días hábiles, el órgano instructor admitirá o rechazará las pruebas propuestas y acordará la práctica de las admitidas y cuantas otras actuaciones considere eficaces para el mejor conocimiento de los hechos.

10. Terminadas las actuaciones, el órgano instructor, dentro del plazo máximo de cuatro meses, a contar desde la fecha de incoación del expediente, formulará propuesta de resolución, que deberá notificar al interesado, quien dispondrá de un plazo de ocho días hábiles, desde el recibo de la notificación, para examinar el expediente y presentar escrito de alegaciones.

11. Remitidas las actuaciones a la Junta Directiva del Colegio, inmediatamente después de recibido el escrito de alegaciones presentado por el interesado o de transcurrido el plazo para hacerlo, aquella resolverá el expediente en la primera sesión que celebre, oyendo previamente al Asesor Jurídico del Colegio, si lo hubiere, y a la Comisión de Deontología, notificando la resolución motivada al interesado con indicación de los medios de impugnación.

12. La Junta Directiva del Colegio podrá devolver el expediente al órgano instructor para la práctica de aquellas diligencias que, habiendo sido omitidas, resulten imprescindibles para la decisión. En tal caso, antes de remitir de nuevo el expediente a la Junta Directiva, se dará vista de lo actuado al interesado a fin de que, en el plazo de ocho días hábiles, alegue cuanto estime conveniente, no contando este tiempo como plazo de alegaciones.

13. La decisión por la que se ponga fin al expediente sancionador habrá de ser motivada, y en ella no se podrán aceptar hechos ni fundamentos de los mismos distintos a los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, sin perjuicio de su distinta valoración.

14. Contra la resolución que ponga fin al procedimiento podrá el interesado interponer recurso de alzada ante el Consejo Autonómico o, caso de no estar constituido, al Consejo General.

15. La resolución dictada agotará la vía corporativa, pudiendo el interesado recurrir ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 64.- Separación de los cargos de la Junta Directiva.

Cuando la falta se impute a un miembro de la Junta Directiva, este quedará provisionalmente separado de su cargo hasta la terminación del expediente sancionador.

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